Lealtad a la Constitución o Interés por la Zona Económica Militar

Jesús  Alexis González
Jesús Alexis González

El término lealtad, expresa un sentimiento de respeto y fidelidad a los compromisos, y a los principios morales, es por tanto un adjetivo utilizado para identificar como fiel a un individuo con base a sus acciones o comportamiento; siendo un sinónimo de rectitud, honradez, honestidad, entre otros valores morales y éticos. Es de resaltar, la postura de algunos filósofos en cuanto a que únicamente se es leal a otra persona habida cuenta que el termino atañe exclusivamente a relaciones interpersonales, y por ende no identificable con ideas o cosas.

Por otra parte, en julio del 2013, el hoy usurpador Nicolás Maduro, ordenó (suponemos que convencido de su debilidad de origen) la creación de una “poderosa Zona Económica Militar Socialista” vinculada con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en el marco de una sólida industria militar; con rasgos similares (o iguales) al modelo cubano denominado Grupo de Administración Empresarial (GAESA) mediante el cual las fuerzas armadas cubanas se reservan la gestión de la casi totalidad de los ingresos del Estado, bajo la coordinación de militares con la más alta graduación en aras, sostienen, de “disciplinar la economía”.

Vale referenciar, que de 1956 a 1998 la actividad económica de la fuerza armada venezolana se centró en apenas ¡tres empresas! dedicadas a la elaboración e importación de armamento, municiones, explosivos, maquinaria, equipos y desarrollo tecnológico por intermedio de:  (1) Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (CAVIM) fundada en 1975 teniendo como Misión gestionar todas las unidades y procesos relacionados con el sector de seguridad y defensa nacional; (2) Inversora Ipsfa en el sector de productos y servicios; y (3) Viajes Ifamil en servicios de viajes. En lo especifico de CAVIM, su Misión fue extendida durante el mandato de Hugo Chávez al crearse una constructora (Constructora IPSFA) y una ensambladora de vehículos blindados (EMSOVEN); mientras que en el periodo del actual usurpador (que ya culmina) se fundaron ¡14 compañías militares en áreas clave! en pro de conformar lo que denominaron el motor industrial militar, en un esquema donde las empresas de la FANB establecieron alianzas con el sector privado, con el añadido de asumir la administración de los dólares preferenciales, así como el control de la producción y distribución de los rubros básicos y manejo de los alimentos; complementado con la extracción de crudo, minería y gasíferia orientado fundamentalmente a la rehabilitación y mantenimiento de pozos, administración de taladros, apoyo logístico a las instalaciones petroleras, importación y distribución de productos para la industria minera, petroquímica, petrolera y gasífera, prestación de servicios de transporte, construcción y mantenimiento de obras y almacenamiento, y a la prestación de servicios conexos con procesos mineros y actividades de oro y gas. De igual modo, en 2017 CAVIM consolidó acuerdos en materia de cooperación técnico-militar con empresas rusas en las áreas de construcción de edificaciones, adquisición de tecnologías para la fabricación y montajes de plantas de producción de suministros militares, equipos de prueba, evaluación y control de tecnologías militares, y en planes de formación de profesionales militares y civiles (¡!).

El militarismo asumido por la agonizante usurpación, se caracterizó por un centralismo ineficaz ante un crecimiento del Estado que asfixió la iniciativa empresarial privada en favor de las empresas militares, al punto de constituir un “gobierno militar sobrecargado” altamente disfuncional que igualmente los condujo a un escenario de competencia con las organizaciones con fines partidistas en aras de alcanzar el poder político; una realidad que anticipó Nicolás Maduro al momento de anunciar en 2013 la creación de la Zona Económica Militar Socialista al expresar: “los militares no se entienden con la economía”, cuya intención soterrada, inferimos, era regular la economía y mantener el “orden político”. En tal contexto, el Estado se vio obligado a cargar con un porcentaje muy importante de los costos de producción así como de los gastos sociales ante la institucionalización de un centralismo-paternalismo que propició una crisis fiscal recurrente en conjunto con una hiperinflación devastadora hasta perfilar una “crisis de la administración racional” con la consecuente aparición de los conflictos sociales que impulsaron la instauración de un “Estado poderoso” sustentado en el apoyo de la estructura económica militar (¿dictadura militar-cívica?) en pro de un control autoritario de los reclamos del pueblo, con la consiguiente represión política que evidenciaba el deterioro del régimen totalitario en su rol de ductor de la sociedad al extremo de impulsar la aparición de un tipo de “sociedad sin gobierno” a la luz de un proceso de transferencia de competencias (descentralización) desde el gobierno central hacia el ámbito militar. De igual modo, para finales del 2018 de unas 576 empresas estatales al menos 60 contaban con un militar como máxima autoridad (Transparencia Venezuela); escenario que en conjunto con la información que antecede facilita darle crédito al señalamiento según el cual Nicolás Maduro otorgó beneficios a los militares a cambio de lealtad u obediencia ciega (H. Navarro, exministro de Educación de Hugo Chávez).

Como información complementaria, resulta pertinente señalar que según el Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz (Sipri), Venezuela destinó para la adquisición de armamento, equipos militares y material antimotin en el lapso 1999-2016 US$ 5.657 millones, de los cuales el usurpador gastó unos US$ 1.535 millones (27,1% del total).

Reflexión final: Resulta de manifiesta obviedad suponer, que habida cuenta del mayúsculo crecimiento del ámbito militar y de su zona económica socialista en el desenvolvimiento cotidiano del gobierno, los hechos de corrupción (que no son de la exclusividad de los civiles) del personal militar en sus distintos rangos han debido estar presente; siendo que afortunadamente la ley que rige la materia declara la no prescripción de las acciones judiciales por delitos contra el patrimonio público, al tiempo de ser juzgados en la jurisdicción ordinaria penal en el caso de los militares (tal como a los civiles). Así expresado, hemos de suponer que la lealtad del Alto Mando Militar es con Nicolás Maduro aun siendo usurpador, en razón, como mencionamos anteriormente, a que la lealtad atañe exclusivamente a relaciones interpersonales y no sobre ideas o cosas como la Constitución.

Economista Jesús Alexis González

17 de febrero 2019

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