Un empujón al pueblo para acabar con la sociedad de cómplices

Jesús Alexis González
Jesús Alexis González

Empujón, científicamente hablando, hace referencia a una ayuda que recibe una persona para decidir mejor e implica simplificar dicha decisión presentándole la información en un lenguaje comprensible para el normal de la gente. Tal enfoque de pensamiento, fue merecedor de un Premio Nobel de Economía en 2017 (Richard Thaler, EE UU) en razón a su contribución a la economía conductual (tendencias emocionales humanas y sociales para una mejor comprensión de la toma de decisiones); a la luz de “empujar” a la población a tomar decisiones que las beneficien a largo plazo mediante un mejor autocontrol.

En síntesis, la teoría del empujón, propicia incorporar al análisis técnico y racional los aspectos psicológicos en las decisiones que se toman día a día; asumiendo que entre dos opciones las personas escogen a menudo la que es más fácil sobre la que es más adecuada.

Sociedad de cómplices, ha de entenderse como una complicidad (actitud que refleja la existencia de conocimiento de algo que se tiene por “secreto”)  asumida por una mayoría poblacional que presenta al menos dos posturas perfectamente diferenciables: 1.- Motivada por la sumisión y la entrega, que bien puede calificarse e identificarse como un “pacto social clandestino”; y 2.- Asociada con la aceptación natural de actos delictivos sin que ello implique su participación directa en su ejecución, hasta perfilar una estructura que responde al dejar hacer dejar pasar (incluida la “admiración” hacia aquellas personas con riqueza mal habida) con evidente tolerancia a la transgresión (violación de un precepto, de una ley o de un estatuto) asumiendo ese comportamiento como una “norma social” (expectativas de comportamiento) según la cual no resulta extraño que las personas transgredan las leyes o actúen de forma paralela; a diferencia de aquellas que actúan con rectitud las cuales son identificadas como “personas raras”. Esta postura puede denominarse como “ciudadanos cooperantes”.

A tenor de lo expresado, y vinculado con la corrupción en el contexto venezolano, se cumple aquel principio según el cual, si un comportamiento es penado por la ley, pero tolerado socialmente lo más probable es que muchos individuos busquen transgredir dicha ley, al extremo de utilizar al sector público en su propio beneficio individual o grupal con soltura y libertad, habida cuenta que tal conducta no es percibida como ilegitima.

Es de acotar, que la corrupción en Venezuela se intensificó en la etapa post democrática muy especialmente desde el 2003 cuando se instrumentó el control de cambios y por ende de las importaciones en el marco de una supuesta estrategia antinflacionaria (¿?) definida por el entonces Vicepresidente de Planificación Jorge Giordani, quien posteriormente en febrero 2015 denunció que durante la década 2004-2014 se malversaron unos US$ 300.000 millones (otras estimaciones la ubican por encima de los US$ 400.000 millones) a través de operaciones vinculadas  con el control de cambios, incluidos unos US$ 20.000 millones “otorgados” a empresas fantasmas.

Sin eufemismo (palabra o expresión más suave que sustituye otra), el régimen chavista-madurista acabó con la industria petrolera y en consecuencia con el país como un todo al haber saqueado (robo en un sitio que ha sido dominado militarmente) los ingresos públicos que por mucho superaron un billón de dólares estadounidenses, es decir un millón de millones (1.000.000.000.000).  Aun así, en este 2018 como es suficientemente conocido por el colectivo nacional, dos grupos de corruptos: el RR (mediante Comisiones) y el Tuerto-Televisivo (mediante Sobornos) han confesado ante tribunales estadounidenses haber delinquido por US$ 2.000 millones y US$ 1.800 millones respectivamente para un total de US$ 3.800 millones; monto que facilita inferir unas Comisiones y sobornos para estos dos grupos por un gran total de US$ 11.400 millones, lo cual de igual modo   impulsa a suponer una “sustracción base” del Tesoro Nacional por unos US$ 34.200 millones hasta consolidar un gran total aproximado de US$ 45.600 millones desviados hacia manos privadas.

Tan inmoral, canallesco y antipatriótico comportamiento se llevó a cabo en un periodo durante el cual las reservas internacionales se encontraban en su peor nivel en 40 años (agosto 2017) ubicadas en US$ 9.810 millones donde un 75% era oro mientras que las divisas apenas superaban los US$ 500 millones (equivalente al 3,3% de lo depositado en el extranjero por los “corruptos del petróleo”) cifra por debajo de la existente cuando el paro petrolero acontecido entre diciembre 2002-marzo 2003; con el agravante que para finales del 2018 se estima una producción petrolera  de unos 1,07 m/bd cantidad inferior a la del año ¡1950! Con la perturbación adicional que en los próximos diez años Venezuela deberá cancelar por concepto de deuda pública externa unos US$ 91.000 millones (cerca de US$ 12.000 millones entre 2008 y 2009); siendo que el total de la deuda equivale al 16,7% de lo sustraído al país específicamente por ese diabólico par de grupos; dejando claro que gran parte de esa deuda fue inducida por los “corruptos del control de cambios”.

Reflexión final: Asumiendo como en efecto es, que decidir no siempre es fácil se hace urgente y necesario ayudar a la gente para una toma de decisiones más ágil y eficiente. En tal sentido, la sociedad no comprometida, las organizaciones partidistas desprovistas de intenciones soterradas y los intelectuales no mediáticos (entre otros) deben armonizar una “estrategia de empujón” en aras de propiciar formas innovadoras de conducta ante la tiranía, la dictadura y el ¡hambre! en el marco de elecciones justas, libres y transparentes.

Economista Jesús Alexis González

Noviembre 25/2018

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