Destrucción creadora vs negociación política ilegítima

Jesús Alexis González
Jesús Alexis González

A efectos del presente artículo, intentamos trasponer (poner una cosa en un lugar diferente al que ocupa) hacia el análisis político el esquema orientado a la economía originalmente formulado por el sociólogo alemán Werner Sombart que luego popularizó J. A. Schumpeter, enfatizando en el proceso de innovación que tiene lugar en la economía de mercado donde los nuevos productos destruyen viejas empresas y modelos de negocios, habida cuenta que la innovación de los emprendedores constituye la fuerza detrás de un crecimiento económico sostenido a largo plazo.

La competencia en los mercados (léase: en el sistema democrático), destruye a las empresas (léase: partidos políticos) menos eficientes en favor de aquellas que son capaces de innovar y adaptarse a los cambios. Los procesos que destruyen, al propio tiempo crean valor y por tanto regeneran y dotan de vitalidad al sistema económico (léase: sistema político); razón por la cual las intervenciones limitadoras de la competencia (léase: negociaciones políticas con intereses secundarios) resultan contraproducentes ya que perpetúan sistemas de producción (léase: regímenes gubernamentales) ineficientes.

Tal acontecer, es “animado” por la presencia de partidos políticos que muestran una marcada ausencia de eficiencia adaptativa entendida como la inclinación a adquirir conocimientos, a aprender, a inducir innovación, a correr riesgos (léase: costo político), a resolver problemas y, muy especialmente, a mantener una actividad creadora. Por el contrario, el escenario que se observa es un fragmentado mapa político que dificulta integrar las expectativas y preferencias ciudadanas, e igualmente incapaz de propiciar pactos y coaliciones estables ante el uso disociador (que manipula a otros para lograr sus objetivos individuales) de discursos de confrontación elemental de corte degenerativo (desgaste de una estructura). Es claro, y de obviedad manifiesta, que a pesar de su deterioro los partidos  son vitales para el desenvolvimiento del sistema político (forma de gobierno que engloba las instituciones políticas para conducir una nación) en aras de la alternancia en el poder (cambio de gobierno a la luz de los mecanismos constitucionales) y de la renovación de los liderazgos en un marco de estabilidad razonable. A tenor de ello, es preferible “renovar los partidos a derrumbarlos” en un contexto de destrucción creadora para que “algunos puedan nacer, y otros tengan que morir”.

Tal y como es bien conocido, política es tanto la ciencia para gobernar un Estado como el arte de negociación para conciliar intereses; mientras que una crisis política ha de entenderse como un proceso donde se rompe el normal funcionamiento del sistema político y de las relaciones entre los actores políticos y sociales, al punto de producir inestabilidad institucional y ruptura de la legitimidad  hasta perfilar desconfianza y desaprobación de los representantes políticos. Negociación, por su parte, ha de entenderse como una oportunidad para reconducir las relaciones entre partes en conflicto en un marco apuntalado por la denominada doctrina Harvard: enfréntese a los problemas, no a las personas; es decir trascender lo personal para centrarse en el análisis y las ideas en procura de un arreglo satisfactorio para ambas partes. A tales fines, se hace obligante evaluar si las personas que están negociando son las más adecuadas para hacerlo, ya que a veces es preferible separar a ciertas personas del problema y no al revés.

La salida política a una crisis, apuesta por un acuerdo negociado en el que consientan las partes y que en lo atinente a Venezuela está profundamente condicionado por la celebración de elecciones libres, justas, legítimas y dignas de confianza organizadas por un órgano imparcial que facilite la expresión autónoma y fiel de la voluntad del pueblo que es la base de la autoridad del poder público, tal y como está establecido en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 en su Artículo 21. Vale resaltar, que las elecciones desempeñan un papel muy importante pero ellas solas no crean la democracia y, por tanto, deben formar parte de un compromiso a largo plazo en aras del fortalecimiento de las instituciones nacionales y de los procesos democráticos.

A la luz del “diálogo dominicano”, que posiblemente se lleve a cabo en pocos días, que a nuestro parecer es una negociación ilegítima ya que no goza de transparencia, surge una interrogante: ¿es posible conciliar los siguientes intereses? (A) Aspiraciones de los “dialogantes” no gubernamentales: (1) reconocimiento de la Asamblea Nacional, (2) liberación de los presos políticos, (3) instrumentación de un canal humanitario de administración no gubernamental, (4) designación de un nuevo CNE como condición para la celebración de elecciones libres y justas en 2018, (5) ¿más nada?. (B) Aspiración del totalitarismo: (1) reconocimiento de la ANC, (2) colaboración activa de la “oposición” para suspender las sanciones internacionales, en especial de EEUU y la Unión Europea, (3) aprobación de refinanciamiento/ reestructuración de la deuda pública por parte de la AN, desconociendo lo dispuesto en las sanciones internacionales, (4) designación de un CNE con tres Rectores pro-gobierno (incluida la Tibi) y dos no “comprometidos”, (5) impunidad ante la corrupción y otros crímenes financieros.

Sea propicio recordar, que entre 1999 y 2014 Venezuela recibió más de US$ 1 trillón que en mucho se “diluyó” debido a la corrupción pública a la vista de la actividad petrolera; tal y como se recoge en un informe de la ONG Freedom House (Washington DC) de octubre 2017, que entre otros señalamientos afirma que PDVSA se convirtió en una compleja organización criminal usada por organizaciones mafiosas nacionales e internacionales para una amplia gama de delitos, tal como operaciones de lavado de dinero por un monto superior a los US$ 2 billones a través de la Banca Privada de Andorra (BPA), así como de otras cuentas que manejaron sin transparencia fondos hasta por US$ 4 billones; e igualmente se diseñaron esquemas de corrupción que facilitaron sacar del país más de US$ 11 billones en contratos obtenidos ilícitamente con PDVSA.

Reflexión final. Ante la posible negociación ilegítima revestida de “diálogo dominicano”, cuyos “intereses en conflicto” parecieran estar formulados para NO alcanzar un arreglo satisfactorio, surge la percepción de ser un “montaje” para refrescar al régimen totalitario bajo la intención soterrada de quítate tú para ponerme yo.

Economista Jesús Alexis González

26/11/17

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