Reestructuración y/o refinanciamiento de deuda ¿para cuál régimen?

Jesús Alexis González
Jesús Alexis González

Deuda Pública Externa hace referencia al conjunto de pasivos que un gobierno mantiene con no residentes (deuda emitida para ser tomada por no residentes), con relevancia en la naturaleza del deudor y en la residencia del acreedor haciendo abstracción de la moneda en la que dicha deuda es contraída a mediano y largo plazo mediante la emisión de bonos con un valor nominal dado y determinadas condiciones para su reembolso y a una tasa de interés que se fija en el mercado en función a la preferencia temporal y el nivel de riesgo denominado “riesgo soberano” asociado con las posibilidades de insolvencia del Estado denominado “riesgo-país”, entendida como el “premio por riesgo” que pagan los bonos ante la calificación que le otorgan las agencias especializadas con base en un conjunto de indicadores (solvencia, liquidez, etc).

Desde un ángulo complementario, se hace necesario entender a qué se refieren los conceptos de reestructuración y refinanciamiento de la deuda. Reestructuración hace referencia a la modificación en los términos de un compromiso financiero, usualmente, en el plazo y la tasa de interés y en ocasiones en un cambio en el monto del capital; siendo un proceso que puede conducir a un incremento de dicha deuda, salvo que la combinación de un período largo de vencimiento de la deuda con una pronunciada disminución de la tasa de interés se traduzcan en la disminución del monto total de la deuda. Refinanciamiento, por su parte, está referido a la sustitución de la deuda por una nueva emisión de deuda (sustitución de una deuda por otra) teniendo por objeto resolver necesidades financieras inmediatas que enfrenta el gobierno de turno (incluidos potenciales eventos electorales) al tiempo de soslayar la instrumentación de medidas para procurar solucionar los problemas estructurales emanados de un modelo económico deficiente, como es el caso venezolano, con nefastas políticas fiscales, monetarias y de control de cambio en el marco de un obsoleto enfoque ideológico  que entre muchos otros males ha impulsado un incremento superior al 100% de la deuda en bonos en los últimos diez años hasta superar los US$ 130.000 millones (a pesar de ello sostienen la existencia de una “guerra económica” y de un “saboteo financiero”) al compás de un escenario hiperinflacionario que según el Fondo Monetario Internacional para el 2017 de los diez países con la mayor inflación en el mundo ocho son africanos y dos de América, ocupando Venezuela el primer puesto a nivel mundial con una tasa de 1.133% (y una predicción de 2.349% para 2018) y Sudan del Sur el segundo puesto con 111%, mientras que Argentina se sitúa en octavo puesto con un 22%; siendo notorio en el caso venezolano el impacto negativo sobre la calidad de vida como consecuencia de la “ilusión salarial” que se origina ante la escasez de bienes muy especialmente de alimentos y medicamentos, que en mucho responde a un “modelo de hambre y enfermedad” (que pasa por la destrucción del aparato productivo nacional) instrumentado por el régimen con la intención de doblegar la voluntad del pueblo, así como para estimular la emigración de “anti-revolucionarios capacitados”.

Es de resaltar, que la intención del régimen por procurar un refinanciamiento a costo elevado (tasas altas) es una estrategia segura para que la expectativa de no pago se convierta en realidad habida cuenta que los prestamistas conceden dicho refinanciamiento a sabiendas que no todo el pasivo será honrado, sino que habrá una quita (reducción parcial de la deuda) lo cual aceptan los acreedores en aras de facilitar el abono del resto de la deuda; es decir el acreedor acepta la rebaja con el fin de evitar el impago de la totalidad frente a una situación de default dentro de un marco de negociación que integra prórroga de plazos, tasas de interés crecientes, postergación del pago del principal, y de la capitalización de parte de los intereses; siendo muy factible la aparición de los denominados buitres tal como los tenedores de bonos de PDVSA que intentarían no postergar su cobro y optar por la vía judicial a sabiendas que pueden intentar embargar activos de la petrolera en el extranjero. La aguda crisis política y económica que en la actualidad experimenta Venezuela, obligará, más temprano que tarde, a una declaración de suspensión de pagos de la deuda (default) hasta tanto se concrete un plan de canje de bonos, como aspiración del régimen, con implícita reestructuración y ampliación de los plazos de pago (sin la aprobación de la AN) en un escenario de fantasía ya que la cúpula dictatorial no lo vinculará con un desempeño económico favorablemente medido por el crecimiento del PIB y una elevación de las reservas internacionales (hoy en su nivel histórico más bajo en los últimos 20 años); y en su defecto apelarán al chantaje internacional de señalar a las sanciones estadounidenses como responsables del “fracaso revolucionario”.

Reflexión final: Venezuela, ante la estrepitosa caída tanto de la producción petrolera desde más de 3 millones de b/d en 1999 hasta menos de 2 millones en 2017, como de las reservas internacionales,  aunado a un aumento constante de la percepción del “riesgo-país” que congela la aparición de “temerarios” tenedores de bonos nacionales, se dirige, a menos que lo evitemos constitucionalmente, a un modelo experimental de deuda externa tipoquita y pon”.

Quita, a la luz de “convenir” rebajar una deuda intencionalmente elevada previamente. Pon, bajo la figura de entregar la riqueza nacional (yacimientos petroleros y mineros) como medio “alternativo de pago”; esquema donde Rusia y China se encuentran como Caimán en boca de Caño mientras que Cuba hace tiempo está dentro del caño.

Economista Jesús Alexis González

12/11/17

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