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Educación y Capital Humano para refundar a Venezuela

Jesús Alexis González
Jesús Alexis González

A la luz del presente documento, hemos considerado pertinente iniciarlo con una visión histórica del hecho educativo a nivel mundial.

UNESCO es la sigla de Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y fue fundada en la Conferencia de Londres (16/11/1945) e inició actividades el 04/11/1946, actualmente opera en 195 países miembros y 8 asociados desde su sede en Paris, Francia (Venezuela pertenece desde el 25/11/1946); sirviendo de plataforma para el debate internacional sobre el hecho educativo teniendo como objetivo primordial la construcción de la paz en la mente de los hombres a la luz de un proceso voluntario basado en el respeto de las diferencias emanadas del libre intercambio de las ideas y conocimientos, en un escenario donde la educación es factor determinante. Al propio tiempo, la UNESCO intenta ayudar a las naciones a gestionar su desarrollo mediante la preservación de los recursos naturales y culturales en favor de que cada país pueda modernizarse e insertarse en el panorama mundial sin perder su propia identidad.

En Tailandia año 1990, fue creado el movimiento Educación Para Todos (EPT) que luego emitió la “Declaración sobre Educación Para Todos” (“Declaración de Jomtien”) y posteriormente en el Foro Mundial sobre la Educación (Senegal, 2000) formularon seis (6) Objetivos que debían (deben) ser alcanzados por cada país: 1.- Atención y educación de la primera infancia. Hace referencia a mejorar la educación de los menores de edad, e instrumentar proyectos para combatir la desnutrición, las enfermedades, entre otros; 2.- Enseñanza primaria universal. Hace referencia a la instrumentación de programas para facilitar que los estudiantes culminen, al menos, la educación básica; 3.- Competencias de jóvenes y adultos. Enseñar a los individuos competencias específicas para insertarse a la vida laboral, social y económica; 4.- Alfabetización de adultos. Facilitar que los adultos continúen preparándose; 5.- Igualdad de género. Hace referencia a la eliminación de las desigualdades presentes en el sistema educativo, especialmente en la educación primaria y secundaria; 6.- Calidad en la educación. Procurar resultados de aprendizaje reconocidos y medibles, fundamentalmente en lectura, matemáticas y competencias de carácter práctico.

Es de resaltar que la propuesta Educación para Todos (2009), fijó los denominados “Objetivos del Milenio” fijando el año 2015 como fecha límite para ser alcanzados; siendo que dicha propuesta fue antecedida por dos (2) Informes: A.- Informe Faure (1972), también conocido como Aprender a Ser, el cual señala que en la educación debe predominar la enseñanza de la participación de los individuos en la sociedad la cual debe estar preparada para la revolución tecnológica; B.- Informe Delors (1996) igualmente denominado “Los Cuatro Pilares de la Educación”, que enfatiza sobre la obligación que el conocimiento debe ser compartido y para lograrlo no existe mejor herramienta que el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Ambos informes, constituyeron el preámbulo de la Conferencia Mundial sobre Educación Superior (2009) titulada “La nueva dinámica de la educación superior y la investigación para el cambio social y el desarrollo”, donde se abordó con especial énfasis la responsabilidad social de la educación superior poniendo especial interés en preparar al estudiante para el mundo del trabajo; mientras que en noviembre 2013 la Conferencia General de la UNESCO se comprometió a fomentar como Objetivo General una educación “basada en los principios fundamentales de acceso y calidad, en la perspectiva del aprendizaje a lo largo de toda la vida”.

En la Declaración de Incheon o Educación 2030 (año 2015): Hacia una Educación Inclusiva y Equitativa de Calidad y Aprendizaje a lo Largo de la Vida para Todos; se aprobó una Agenda donde se destaca: 1.- Todos los estudiantes habrán adquirido los conocimientos, las capacidades, los valores y actitudes que se precisan para construir sociedades sostenibles; 2.- Los gobiernos, lograrán que todos los educandos reciban una enseñanza impartida por docentes cualificados, con capacidad profesional, motivados y debidamente respaldados. En la próxima Conferencia General de la UNESCO pautada para noviembre 2019 se tiene previsto presentar para su aprobación un nuevo Convenio Mundial que constituirá, ante todo, un instrumento para facilitar la movilidad académica interregional a la luz de brindar la oportunidad para que las personas puedan continuar su prosecución en el extranjero, con la intención subyacente de mejorar la calidad y reforzar la cooperación en el ámbito de la enseñanza superior; bajo un enfoque, según nuestro parecer, de un tipo de Educación para la Globalización asumiendo dicha globalización como un proceso histórico de integración mundial de carácter político, económico, tecnológico y cultural que convirtió al mundo en una Aldea Global Interconectada.

El Capital Humano (CH), es concebido por el Banco Mundial como la inversión que se hace en los individuos mediante la educación y los programas de salud y nutrición; al tiempo de considerarlo como mecanismo necesario para que los pueblos se desarrollen; que en lo especifico de la educación refleja la visión de país que se persigue más allá del concepto reduccionista de preparar seres humanos para incrementar la productividad del país, con mano de obra calificada. Por su parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD) define el CH como la mezcla de aptitudes y habilidades innatas a las personas, así como la calificación y el aprendizaje que adquieren en la educación y la capacitación. Vale citar, que el Foro Económico Mundial, publica anualmente el Índice Global de Capital Humano (IGCH) a nivel mundial con la finalidad de ofrecer una perspectiva del desarrollo de las personas, al igual que del comportamiento del mercado laboral, con la finalidad de servir de consulta para medir el progreso de los países evaluando el CH a través de cuatro (4) subíndices: Capacidad (Nivel de habilidades de la población joven y adulta); Utilización (Acumulación de habilidades de la población adulta); Desarrollo (Continuo crecimiento de las habilidades de la fuerza de trabajo); y Especialización (Amplitud y profundidad de las habilidades especializadas usadas en el trabajo). En lo que se refiere al IGCH 2017 (último), se evaluaron 130 países puntuándoles en una escala del 0-100 resultando Noruega la mejor puntuada (77.12), seguida de Finlandia (77.07), Suiza (76.48), EEUU (74.84) y Dinamarca (74.84). En lo que América Latina y El Caribe se refiere, Argentina resultó la mejor puntuada (64.34) ocupando al mismo tiempo el puesto 52 en el ranking mundial. Venezuela, ocupó con 56.88 puntos el puesto 18 sobre 22 a nivel regional solo superando a El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, y en el puesto 93 sobre 108 a nivel mundial (es de perogrullo suponer que en el IGCH 2018 apareceremos más abajo).

Reflexión final: Como es bien conocido, el Presidente (E) Juan Guaidó presentó el denominado Plan País, la Venezuela que viene (31/01/19) que en lo transversal enfatiza en procurar un Estado al servicio de la gente; al tiempo de abordar líneas gruesas relacionadas con las distintas áreas de la vida nacional. A tenor de ello, vale destacar que en materia educativa el reto es inmenso tanto como deuda social como por su falta de interrelación con el hecho económico a la luz del mejoramiento cuali-cuantitativo del Capital Humano.

Sobre este aspecto, volveremos con documentos contentivos de aportes concretos orientados al corto, mediano y largo plazo con fundamento en la necesidad de socializar el proceso de enseñanza-aprendizaje bajo un enfoque de “educación en valores para la globalización” en un contexto de la Venezuela que aspiramos.

Jesús Alexis González
Planificador educativo. Economista. 11/03/19

Injerencia Humanitaria en tránsito a la CPI

Jesús Alexis González
Jesús Alexis González

Iniciemos por identificar un marco de definiciones: Ayuda Humanitaria: Hace referencia a una asistencia diseñada para salvar vidas, aliviar el sufrimiento y mantener y proteger la dignidad humana, en prevención o en situaciones de emergencia y/o rehabilitación. Es de acotar, que para la ONU una ayuda se clasifica como humanitaria cuando cumple con los principios de humanidad (el sufrimiento humano debe ser atendido dondequiera que se encuentre, teniendo como objetivo proteger la vida y la salud de los seres humanos), imparcialidad, independencia operativa y de neutralidad; bajo tres grandes categorías: emergencia, reconstrucción y prevención de desastres.


Injerencia Humanitaria: Hace referencia a la intervención en un Estado soberano por uno o varios Estados u organizaciones internacionales mediante la fuerza armada y sin su consentimiento, con el objetivo de proporcionar a la población civil protección ante la violación masiva y sistemática de sus derechos humanos, o bien ante situaciones de emergencia derivadas de hambrunas, entre otras causas. Sea pertinente resaltar, que la Intervención Militar Humanitaria se refiere específicamente a las acciones armadas.


En tal contexto, la Organización de las Naciones Unidas (ONU)  consagra la realización de la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario, y en el desarrollo y estimulo del respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales; y a tales fines asumió el denominado “Derecho de Injerencia Humanitaria” mediante el cual la Comunidad Internacional por medio de organizaciones o un Estado (s), puede asumir en determinadas circunstancias la defensa de los derechos humanos por encima de la soberanía de los Estados, sin que los gobiernos de esos países puedan ampararse en la excusa de que se trata de asuntos internos.  En fin, la Injerencia Humanitaria facilita la protección de la población civil en conflictos internos, violaciones sistemáticas de derechos humanos, hambruna y en conflictos armados.
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Lealtad a la Constitución o Interés por la Zona Económica Militar

Jesús  Alexis González
Jesús Alexis González

El término lealtad, expresa un sentimiento de respeto y fidelidad a los compromisos, y a los principios morales, es por tanto un adjetivo utilizado para identificar como fiel a un individuo con base a sus acciones o comportamiento; siendo un sinónimo de rectitud, honradez, honestidad, entre otros valores morales y éticos. Es de resaltar, la postura de algunos filósofos en cuanto a que únicamente se es leal a otra persona habida cuenta que el termino atañe exclusivamente a relaciones interpersonales, y por ende no identificable con ideas o cosas.

Por otra parte, en julio del 2013, el hoy usurpador Nicolás Maduro, ordenó (suponemos que convencido de su debilidad de origen) la creación de una “poderosa Zona Económica Militar Socialista” vinculada con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en el marco de una sólida industria militar; con rasgos similares (o iguales) al modelo cubano denominado Grupo de Administración Empresarial (GAESA) mediante el cual las fuerzas armadas cubanas se reservan la gestión de la casi totalidad de los ingresos del Estado, bajo la coordinación de militares con la más alta graduación en aras, sostienen, de “disciplinar la economía”.

Vale referenciar, que de 1956 a 1998 la actividad económica de la fuerza armada venezolana se centró en apenas ¡tres empresas! dedicadas a la elaboración e importación de armamento, municiones, explosivos, maquinaria, equipos y desarrollo tecnológico por intermedio de:  (1) Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (CAVIM) fundada en 1975 teniendo como Misión gestionar todas las unidades y procesos relacionados con el sector de seguridad y defensa nacional; (2) Inversora Ipsfa en el sector de productos y servicios; y (3) Viajes Ifamil en servicios de viajes. En lo especifico de CAVIM, su Misión fue extendida durante el mandato de Hugo Chávez al crearse una constructora (Constructora IPSFA) y una ensambladora de vehículos blindados (EMSOVEN); mientras que en el periodo del actual usurpador (que ya culmina) se fundaron ¡14 compañías militares en áreas clave! en pro de conformar lo que denominaron el motor industrial militar, en un esquema donde las empresas de la FANB establecieron alianzas con el sector privado, con el añadido de asumir la administración de los dólares preferenciales, así como el control de la producción y distribución de los rubros básicos y manejo de los alimentos; complementado con la extracción de crudo, minería y gasíferia orientado fundamentalmente a la rehabilitación y mantenimiento de pozos, administración de taladros, apoyo logístico a las instalaciones petroleras, importación y distribución de productos para la industria minera, petroquímica, petrolera y gasífera, prestación de servicios de transporte, construcción y mantenimiento de obras y almacenamiento, y a la prestación de servicios conexos con procesos mineros y actividades de oro y gas. De igual modo, en 2017 CAVIM consolidó acuerdos en materia de cooperación técnico-militar con empresas rusas en las áreas de construcción de edificaciones, adquisición de tecnologías para la fabricación y montajes de plantas de producción de suministros militares, equipos de prueba, evaluación y control de tecnologías militares, y en planes de formación de profesionales militares y civiles (¡!).

El militarismo asumido por la agonizante usurpación, se caracterizó por un centralismo ineficaz ante un crecimiento del Estado que asfixió la iniciativa empresarial privada en favor de las empresas militares, al punto de constituir un “gobierno militar sobrecargado” altamente disfuncional que igualmente los condujo a un escenario de competencia con las organizaciones con fines partidistas en aras de alcanzar el poder político; una realidad que anticipó Nicolás Maduro al momento de anunciar en 2013 la creación de la Zona Económica Militar Socialista al expresar: “los militares no se entienden con la economía”, cuya intención soterrada, inferimos, era regular la economía y mantener el “orden político”. En tal contexto, el Estado se vio obligado a cargar con un porcentaje muy importante de los costos de producción así como de los gastos sociales ante la institucionalización de un centralismo-paternalismo que propició una crisis fiscal recurrente en conjunto con una hiperinflación devastadora hasta perfilar una “crisis de la administración racional” con la consecuente aparición de los conflictos sociales que impulsaron la instauración de un “Estado poderoso” sustentado en el apoyo de la estructura económica militar (¿dictadura militar-cívica?) en pro de un control autoritario de los reclamos del pueblo, con la consiguiente represión política que evidenciaba el deterioro del régimen totalitario en su rol de ductor de la sociedad al extremo de impulsar la aparición de un tipo de “sociedad sin gobierno” a la luz de un proceso de transferencia de competencias (descentralización) desde el gobierno central hacia el ámbito militar. De igual modo, para finales del 2018 de unas 576 empresas estatales al menos 60 contaban con un militar como máxima autoridad (Transparencia Venezuela); escenario que en conjunto con la información que antecede facilita darle crédito al señalamiento según el cual Nicolás Maduro otorgó beneficios a los militares a cambio de lealtad u obediencia ciega (H. Navarro, exministro de Educación de Hugo Chávez).

Como información complementaria, resulta pertinente señalar que según el Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz (Sipri), Venezuela destinó para la adquisición de armamento, equipos militares y material antimotin en el lapso 1999-2016 US$ 5.657 millones, de los cuales el usurpador gastó unos US$ 1.535 millones (27,1% del total).

Reflexión final: Resulta de manifiesta obviedad suponer, que habida cuenta del mayúsculo crecimiento del ámbito militar y de su zona económica socialista en el desenvolvimiento cotidiano del gobierno, los hechos de corrupción (que no son de la exclusividad de los civiles) del personal militar en sus distintos rangos han debido estar presente; siendo que afortunadamente la ley que rige la materia declara la no prescripción de las acciones judiciales por delitos contra el patrimonio público, al tiempo de ser juzgados en la jurisdicción ordinaria penal en el caso de los militares (tal como a los civiles). Así expresado, hemos de suponer que la lealtad del Alto Mando Militar es con Nicolás Maduro aun siendo usurpador, en razón, como mencionamos anteriormente, a que la lealtad atañe exclusivamente a relaciones interpersonales y no sobre ideas o cosas como la Constitución.

Economista Jesús Alexis González

17 de febrero 2019