Todas las entradas de: Mariela Alvarez

Injerencia Humanitaria en tránsito a la CPI

Jesús Alexis González
Jesús Alexis González

Iniciemos por identificar un marco de definiciones: Ayuda Humanitaria: Hace referencia a una asistencia diseñada para salvar vidas, aliviar el sufrimiento y mantener y proteger la dignidad humana, en prevención o en situaciones de emergencia y/o rehabilitación. Es de acotar, que para la ONU una ayuda se clasifica como humanitaria cuando cumple con los principios de humanidad (el sufrimiento humano debe ser atendido dondequiera que se encuentre, teniendo como objetivo proteger la vida y la salud de los seres humanos), imparcialidad, independencia operativa y de neutralidad; bajo tres grandes categorías: emergencia, reconstrucción y prevención de desastres.


Injerencia Humanitaria: Hace referencia a la intervención en un Estado soberano por uno o varios Estados u organizaciones internacionales mediante la fuerza armada y sin su consentimiento, con el objetivo de proporcionar a la población civil protección ante la violación masiva y sistemática de sus derechos humanos, o bien ante situaciones de emergencia derivadas de hambrunas, entre otras causas. Sea pertinente resaltar, que la Intervención Militar Humanitaria se refiere específicamente a las acciones armadas.


En tal contexto, la Organización de las Naciones Unidas (ONU)  consagra la realización de la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario, y en el desarrollo y estimulo del respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales; y a tales fines asumió el denominado “Derecho de Injerencia Humanitaria” mediante el cual la Comunidad Internacional por medio de organizaciones o un Estado (s), puede asumir en determinadas circunstancias la defensa de los derechos humanos por encima de la soberanía de los Estados, sin que los gobiernos de esos países puedan ampararse en la excusa de que se trata de asuntos internos.  En fin, la Injerencia Humanitaria facilita la protección de la población civil en conflictos internos, violaciones sistemáticas de derechos humanos, hambruna y en conflictos armados.
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Lealtad a la Constitución o Interés por la Zona Económica Militar

Jesús  Alexis González
Jesús Alexis González

El término lealtad, expresa un sentimiento de respeto y fidelidad a los compromisos, y a los principios morales, es por tanto un adjetivo utilizado para identificar como fiel a un individuo con base a sus acciones o comportamiento; siendo un sinónimo de rectitud, honradez, honestidad, entre otros valores morales y éticos. Es de resaltar, la postura de algunos filósofos en cuanto a que únicamente se es leal a otra persona habida cuenta que el termino atañe exclusivamente a relaciones interpersonales, y por ende no identificable con ideas o cosas.

Por otra parte, en julio del 2013, el hoy usurpador Nicolás Maduro, ordenó (suponemos que convencido de su debilidad de origen) la creación de una “poderosa Zona Económica Militar Socialista” vinculada con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en el marco de una sólida industria militar; con rasgos similares (o iguales) al modelo cubano denominado Grupo de Administración Empresarial (GAESA) mediante el cual las fuerzas armadas cubanas se reservan la gestión de la casi totalidad de los ingresos del Estado, bajo la coordinación de militares con la más alta graduación en aras, sostienen, de “disciplinar la economía”.

Vale referenciar, que de 1956 a 1998 la actividad económica de la fuerza armada venezolana se centró en apenas ¡tres empresas! dedicadas a la elaboración e importación de armamento, municiones, explosivos, maquinaria, equipos y desarrollo tecnológico por intermedio de:  (1) Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (CAVIM) fundada en 1975 teniendo como Misión gestionar todas las unidades y procesos relacionados con el sector de seguridad y defensa nacional; (2) Inversora Ipsfa en el sector de productos y servicios; y (3) Viajes Ifamil en servicios de viajes. En lo especifico de CAVIM, su Misión fue extendida durante el mandato de Hugo Chávez al crearse una constructora (Constructora IPSFA) y una ensambladora de vehículos blindados (EMSOVEN); mientras que en el periodo del actual usurpador (que ya culmina) se fundaron ¡14 compañías militares en áreas clave! en pro de conformar lo que denominaron el motor industrial militar, en un esquema donde las empresas de la FANB establecieron alianzas con el sector privado, con el añadido de asumir la administración de los dólares preferenciales, así como el control de la producción y distribución de los rubros básicos y manejo de los alimentos; complementado con la extracción de crudo, minería y gasíferia orientado fundamentalmente a la rehabilitación y mantenimiento de pozos, administración de taladros, apoyo logístico a las instalaciones petroleras, importación y distribución de productos para la industria minera, petroquímica, petrolera y gasífera, prestación de servicios de transporte, construcción y mantenimiento de obras y almacenamiento, y a la prestación de servicios conexos con procesos mineros y actividades de oro y gas. De igual modo, en 2017 CAVIM consolidó acuerdos en materia de cooperación técnico-militar con empresas rusas en las áreas de construcción de edificaciones, adquisición de tecnologías para la fabricación y montajes de plantas de producción de suministros militares, equipos de prueba, evaluación y control de tecnologías militares, y en planes de formación de profesionales militares y civiles (¡!).

El militarismo asumido por la agonizante usurpación, se caracterizó por un centralismo ineficaz ante un crecimiento del Estado que asfixió la iniciativa empresarial privada en favor de las empresas militares, al punto de constituir un “gobierno militar sobrecargado” altamente disfuncional que igualmente los condujo a un escenario de competencia con las organizaciones con fines partidistas en aras de alcanzar el poder político; una realidad que anticipó Nicolás Maduro al momento de anunciar en 2013 la creación de la Zona Económica Militar Socialista al expresar: “los militares no se entienden con la economía”, cuya intención soterrada, inferimos, era regular la economía y mantener el “orden político”. En tal contexto, el Estado se vio obligado a cargar con un porcentaje muy importante de los costos de producción así como de los gastos sociales ante la institucionalización de un centralismo-paternalismo que propició una crisis fiscal recurrente en conjunto con una hiperinflación devastadora hasta perfilar una “crisis de la administración racional” con la consecuente aparición de los conflictos sociales que impulsaron la instauración de un “Estado poderoso” sustentado en el apoyo de la estructura económica militar (¿dictadura militar-cívica?) en pro de un control autoritario de los reclamos del pueblo, con la consiguiente represión política que evidenciaba el deterioro del régimen totalitario en su rol de ductor de la sociedad al extremo de impulsar la aparición de un tipo de “sociedad sin gobierno” a la luz de un proceso de transferencia de competencias (descentralización) desde el gobierno central hacia el ámbito militar. De igual modo, para finales del 2018 de unas 576 empresas estatales al menos 60 contaban con un militar como máxima autoridad (Transparencia Venezuela); escenario que en conjunto con la información que antecede facilita darle crédito al señalamiento según el cual Nicolás Maduro otorgó beneficios a los militares a cambio de lealtad u obediencia ciega (H. Navarro, exministro de Educación de Hugo Chávez).

Como información complementaria, resulta pertinente señalar que según el Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz (Sipri), Venezuela destinó para la adquisición de armamento, equipos militares y material antimotin en el lapso 1999-2016 US$ 5.657 millones, de los cuales el usurpador gastó unos US$ 1.535 millones (27,1% del total).

Reflexión final: Resulta de manifiesta obviedad suponer, que habida cuenta del mayúsculo crecimiento del ámbito militar y de su zona económica socialista en el desenvolvimiento cotidiano del gobierno, los hechos de corrupción (que no son de la exclusividad de los civiles) del personal militar en sus distintos rangos han debido estar presente; siendo que afortunadamente la ley que rige la materia declara la no prescripción de las acciones judiciales por delitos contra el patrimonio público, al tiempo de ser juzgados en la jurisdicción ordinaria penal en el caso de los militares (tal como a los civiles). Así expresado, hemos de suponer que la lealtad del Alto Mando Militar es con Nicolás Maduro aun siendo usurpador, en razón, como mencionamos anteriormente, a que la lealtad atañe exclusivamente a relaciones interpersonales y no sobre ideas o cosas como la Constitución.

Economista Jesús Alexis González

17 de febrero 2019

Venezuela en ruta al civilismo

Jesús Alexis González
Jesús Alexis González

El civilismo, ha de entenderse como una doctrina política según la cual el gobierno de la Nación debe estar encomendado a personas civiles, a la luz de un régimen político inspirado y dirigido por individuos elegidos por el pueblo sobre quien reside la soberanía, sometiéndose al derecho y respeto de las libertades. A tenor de ello, una dictadura, aunque sea ejercida por civiles, no constituye un régimen civilista porque no está sometida a las normas constitucionales y legales del Estado.

El militarismo, por su parte, hace referencia a la preponderancia de los militares y de la doctrina militar en el desenvolvimiento de la Nación, con relevante influencia en la política del Estado en una clara desviación del recto sentido de lo militar al punto de perfilar un sistema político militar.

En lo especifico del caso venezolano, desde el año 1821 los militares impusieron su peculiar y distintivo rasgo en pro del control de los gobiernos, hasta el año 1958 (137 años después) cuando se da inicio a un período civilista al subordinarse constitucionalmente la estructura militar al poder civil; situación que fue interrumpida en la Constitución del año 1999 (bajo la influencia de Hugo Chávez) cuando se regresa al militarismo al concederle jerarquía militar al Presidente de la República en la condición de Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional, a la luz del Artículo 236 constitucional en cuanto a las Atribuciones del Presidente o Presidenta de la República, al establecer en su ordinal 5: “Dirigir las Fuerza Armada Nacional en su carácter de Comandante en Jefe, ejercer la suprema autoridad jerárquica de ellas y fijar su contingente”.

Es de resaltar, que Hugo Chávez Frías al momento de tomar juramento como Presidente de la República en 1999 irrespetó la Constitución en su Artículo 328: “La Fuerza Armada Nacional constituye una institución esencialmente profesional, sin militancia política (…)” cuando cambió la tradicional expresión de Patria o Muerte por Patria, Socialismo o Muerte; la cual repitió el 30/01/2005 en la ciudad de Porto Alegre, Brasil al señalar la necesidad del socialismo para trascender el capitalismo, e inició tal pretensión bajo el indefinido y amorfo Socialismo del Siglo XXI. Tal “desobediencia constitucional”, la asumió como propia el hoy saliente usurpador Nicolás Maduro (ante las ilegítimas e ilegales elecciones del 20M 2018) cuando en el funeral de Hugo Chávez en 2013 gritó: “La batalla continúa, ¡Chávez vive, la lucha sigue!” (la cual repetía en la mayoría de los actos protocolares); todo ello con el agravante que de igual modo se convirtió en un saludo militar, muy especialmente por parte del denominado Alto Mando Militar: “Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. Chávez vive, la lucha sigue”.

Resulta pertinente acotar, que la Fuerza Armada Nacional Venezolana está integrada (febrero 2019) por 25 Dependencias con un total de 344 Cargos, donde los entes con transversalidad militar suman 9 (36% del total) conformadas con 171 cargos (49,7% del total); mientras que las De- pendencias de Apoyo y de Servicios suman 16 (64% del total) estructuradas con 173 cargos (50,3% del total). En el primer grupo se observa, que el Alto Mando Militar está conformado con 15 cargos (4,4% del total, 8,8% del grupo); mientras que en el segundo grupo se destaca la preponderancia, tanto de la Dirección General de Empresas y Servicios estructurada con 29 cargos(8,4% del total, 16,8% del grupo), como de la Universidad Militar Bolivariana organizada con 38 cargos (11,1% del total, 21,9% del grupo).

Por otra parte, es sabido que una República en su condición de Nación ha de estar sustentada en un régimen democrático integrado por ciudadanos y dirigido por civiles a cuyas órdenes debe encontrarse la estructura militar; siendo de manifiesta obviedad que un régimen militar no puede ser democrático habida cuenta de su naturaleza autoritaria basada en la obediencia debida; más aún para el caso venezolano ya que la Constitución establece en su Artículo 2: “Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna (….) la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político”; e igualmente en su Artículo 6: “El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela (….) es y será siempre democrático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables”.

A tenor de los señalamientos precedentes, se desprende que el militarismo no puede instituirse como un árbitro del acontecer político, tal como el Alto Mando Militar, nuevamente, actuó en enero/18/2019 al declarar su “irrestricto apoyo” a un nuevo mandato del usurpador, quien en cómplice reciprocidad continuamente señala: “La revolución bolivariana es militar”. Ese “armonioso desenvolvimiento”, en mucho responde,se infiere, al deseo de la cúpula militar por mantener sus elevadas cuotas de poder económico (Zona Económica Militar) y político que han acumulado durante el “proceso revolucionario” (¿?) chavista – madurista.

Reflexión final: Apenas se instale el gobierno de transición, se hará obligante reinstitucionalizar la Fuerza Armada hasta deslastrarla de su actual condición de “partido político”.

Economista Jesús Alexis González

10/febrero/2019